CABA, 14 de Enero de 2021


Las clínicas y hospitales privados brindan atención médica al 70% de la población, incluidos aquellos afiliados a financiadoras conducidos por el Estado, como PAMI y las Obras Sociales provinciales.

El sector mostró cohesión, capacidad y solidaridad como un aporte fundamental a la atención de enfermos COVID, sin la cual el sector estatal hubiera colapsado. Sin embargo, los prestadores privados vienen golpeados desde hace años por un desajuste creciente entre los costos de la atención médica, superiores al IPC y muy superiores cada vez más, al aumento de los aranceles abonados por los financiadores públicos y privados.

Los costos de la atención médica son presionados a la suba por la innovación tecnológica, la carga impositiva provincial y nacional: impuesto al cheque, ganancias e IVA irrecuperable, las sucesivas devaluaciones que impactan fuertemente en los insumos y tecnología dolarizados. A esto hay que sumarle el costo financiero ante la demora en los pagos y la ausencia de intereses por mora, inconcebible en estos tiempos.

El costo laboral constituye al menos el 60% de los costos de atención médica.

La actividad habitual disminuyó sensiblemente desde los meses de la pandemia y el gobierno apoyó al Sector con los ATP que ayudaron al pago de salarios. Hoy, en vísperas de la segunda ola, elimina este aporte y suspende la reducción del 95% de los aportes patronales, lo que dejaría a las instituciones al borde del incumplimiento.

Los financiadores, obras sociales y prepagas, se ven afectados por disminución de aportantes ante la pérdida de trabajos registrados, la no actualización de los salarios al ritmo inflacionario, la imposición de un PMO que más del 60% de las obras sociales no cubre con el aporte promedio de sus afiliados, los fallos judiciales, etc.

El escenario es muy complejo y de una gravedad terminal. Una nueva ola de COVID, muy cercana, significa: una nueva disminución de la actividad, aumento del gasto, sin ayuda estatal, personal extenuado y mal pago y severas dificultades para afrontar el pago de los próximos salarios.

Por otra parte, con señales no explicitadas, pero sugeridas por las máximas autoridades, de una reforma incierta e inoportuna en el medio de una pandemia. Sabemos que en salud no hay reforma posible sin consenso, acuerdo político y políticas de estado que la sostengan en el tiempo.

Ante toda esta situación, el Sector Prestador tiene que permanecer en la unidad que logró en la pandemia y con acción sobre todas las variables que inciden: reclamar ajuste de aranceles, reclamar apoyo estatal, difundir la situación ante la opinión pública con claridad y continuidad, advertir al gobierno en todos sus niveles (nacional y provincial) sobre la catástrofe en ciernes y seguir atentamente los mensajes solapados y equívocos que transmiten sectores del gobierno con una concepción errónea y parcial sobre la actividad privada.

Se trata de manifestar activamente nuestra justa posición en salvaguarda de nuestras instituciones.


Nota relacionada: Más de 1000 participantes en la primera Convocatoria Nacional de Prestadores de Salud.



Fuente: CONFECLISA 


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